Las siguientes preguntas orientadoras están alineadas con cada uno de los tres Diálogos de Liderazgo principales planificados para la reunión de Estocolmo+50 y se integrarán en la agenda y el informe general de la consulta. Consulte el número de pregunta en su comentario.
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LD3 : Acelerar la implementación de la dimensión ambiental del desarrollo sostenible en el contexto de la década de acción y entrega para el desarrollo sostenible:
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¿Qué medidas se necesitan para alinear la financiación pública, privada y de desarrollo con los compromisos y prioridades existentes?
Tenemos que realizar acciones reales con los recursos que ya disponemos para motivar un aumento de los recursos. La financiación del gobierno debe estar destinada al mantenimiento de los biomas y al cuidado de las principales fuentes de recursos públicos globales. Por otro lado, la financiación privada se puede incentivar de manera indirecta, por medio de una disminución de impuestos si las empresas privadas empiezan a realizar sus actividades
Dentro de los principales desafíos a los que se enfrenta la implementación de la Agenda 2030 se encuentra:
Dentro de las maneras más efectivas para que se cree un entorno propicio para la entrega sobre el terreno se encuentra la necesidad de repensar y rediseñar los modelos de desarrollo y generar las herramientas fundamentales para poder cambiar los entornos en lo que se encuentran los ciudadanos o entidades mas vulnerables. Una vez, se hayan modificado estas estructuras se podrá continuar con la transformación en otros puntos.
La Década de Acción se traduce en acelerar las soluciones sostenibles dirigidas a los principales desafíos del mundo; desde la pobreza y la igualdad de género, hasta el cambio climático, la desigualdad y el cierre de la brecha financiera. Por lo tanto, es de suma importancia que durante este periodo se creen mecanismos y dinámicas al cambio real en el pensamiento individual como de la comunidad. Dentro de las buenas prácticas fundamental para el Desarrollo Sostenible creemos que se encuentran tres buenas prácticas fundamentales:
En cuanto a las vías es fundamental la creación tanto de incentivos públicos y privados para que estas tres prácticas previamente analizadas sean alcanzadas a cabalidad y sean tomadas enserio por los ciudadanos. Dentro de estos incentivos se encontraría el incentivo tributario, el incentivo de certificaciones medio ambientales, entre otras.
PREGUNTAS ESTOCOLMO +50
Elaborado por: Valentina Acosta, Andrea Carvajal, María Alejandra Fernández y Daniel Puerto
Desde que se formularon los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció que eran un reto para el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. No obstante, además de las exigencias que presenta el cumplimiento en sí, la implementación de los compromisos enfrenta otra serie de desafíos importantes.
Uno de los desafíos que enfrenta la implementación de los compromisos de la Agenda 2030 es el modelo económico extractivista. Este se basa en “los procesos de extracción de recursos naturales, en altos volúmenes, y que en su mayor parte son exportados, sin procesar o con un procesamiento mínimo” (Gudynas, 2013, pág. 45). Es importante tener en cuenta que a pesar de que el modelo extractivista muestre temporalmente cierto desarrollo; al ser recursos finitos y crear dependencias, no se crean modelos de desarrollo constante y a largo plazo implicarán crisis en las comunidades dedicadas a este modelo como alternativa de desarrollo local (Soler, 2012). Además, este modelo tiene un gran impacto en términos ambientales. Por ejemplo, el río Timbiquí en la costa caucana del pacífico colombiano presenta altos niveles de contaminación generado por los buscadores de oro locales y por los conocidos mercenarios de la explotación de recursos naturales no renovables (Pardo, 2016). En últimas, este modelo que es manejado por muchos países, en especial, de América Latina se presenta como un gran desafío para materializar los compromisos de la Agenda 2030.
Por otra parte, también puede representar un reto la falta de conocimiento e información disponible. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) existe una deficiencia en la disponibilidad de datos desagregados a nivel subnacional para cuantificar problemáticas, establecer líneas de base e identificar público objetivo. Lo anterior se traduce en una falta de capacidad de los gobiernos subnacionales para desarrollar estrategias tendientes al cumplimiento de los logros y, además, dificulta la articulación entre el gobierno central y local (CEPAL, 2020). Lo anterior se presenta como un reto, ya que como lo ha expuesto la ONU en múltiples ocasiones para que se puedan cumplir los objetivos de la Agenda 2030 es necesario que todos los actores hagan su aporte.
Finalmente, la falta de una vinculación efectiva sobre los instrumentos jurídicos en temas medioambientales determina un reto adicional a la implementación de la Agenda 2030 y de distintas medidas ambientales. De acuerdo con Molina (2019), el derecho ambiental ha pasado por un avance significativo con respecto a los grados de protección y a la amplitud de prioridades correspondientes. Sin embargo, la protección ambiental aún no cuenta con un apoyo consensuado y general por parte de la comunidad internacional; puesto que los compromisos y/o normas actuales en la materia son de carácter simbólico, lo que cuestiona la capacidad estatal de darle prioridad a la legislación ambiental, las regulaciones ambientales y a las estrategias creadas en aras de proteger los seres vivos y el planeta.
El 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción que busca erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad (UN, 2015). La Agenda plantea 17 objetivos con 169 metas que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Tal como lo afirma la ONU, la Agenda requiere un compromiso común y universal. Cabe resaltar que cada país enfrenta retos específicos en la búsqueda del desarrollo sostenible, por lo que cada uno cuenta con soberanía plena para fijar sus metas nacionales (UN. 2015). En septiembre de 2019, el Secretario General de la ONU hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad para que se movilizaran en esta década de acción a nivel mundial, local y personal para que se logren las transformaciones necesarias (UN, 2020).
Algunos países ya están adoptando buenas prácticas para la implementación de la dimensión ambiental del Desarrollo Sostenible, un ejemplo es China. En el 14° Plan Quinquenal no se establecieron objetivos anuales de crecimiento basándose en el Producto Interno Bruto, sino en un nuevo sistema denominado “objetivos indicativos de crecimiento económico” que se adaptan a las circunstancias económicas y sociales particulares del país (BCN, 2021). Vale la pena mencionar que en este Plan se incluye la dimensión de medio ambiente y apoyo a la economía verde. En este se planea mejorar la estructura industrial y la combinación energética, hacer un uso limpio y eficiente del carbón, al tiempo que impulsa el desarrollo de fuentes de energía renovables como la nuclear. Además, de acuerdo con el plan de gobierno se espera que los combustibles no fósiles representen el 20% del uso energético en 2025 frente al 15% de finales de 2019. Por su parte, China también busca salvaguardar los ecosistemas naturales, por lo que ampliará la cobertura forestal hasta el 24,1% de la superficie total del país, lo que significa plantar más de 11 millones de hectáreas de nuevos bosques hasta 2025 (ICEX, 2021).
En este sentido, una de las buenas prácticas que sería recomendable ver ampliadas es la planeación de la dimensión ambiental. El Plan Quinquenal tiene sus equivalentes a nivel local, por lo que, de manera descentralizada, todos los funcionarios del gobierno trabajan para el logro de los objetivos establecidos. El sistema político de China es meritocrático, es decir, los funcionarios pueden ascender en su carrera política si cumplen con los objetivos de los planes, de esta manera el país garantiza que todos los esfuerzos se estén encaminando en las mismas metas. Por lo anterior, para avanzar en la dimensión ambiental del Desarrollo Sostenible sería ideal que todos los países establezcan planes e indicadores para cada objetivo, garantizando la supervisión y el cumplimiento paulatino de estos.
Por otra parte, una de las vías por medio de las que se podría ver ampliada la implementación de la dimensión ambiental es a través de una plataforma de acceso universal que permita difundir las buenas prácticas. Uno de los problemas es el desconocimiento de aquellas prácticas y costumbres que han funcionado en otras partes del mundo. Por ejemplo, Bután es un país ubicado en la cordillera del Himalaya en Asia conocido por ser uno de los pocos países que no contamina. Entre las prácticas del país que permite mantener su neutralidad de emisiones de C02 es el límite que establece a los turistas y el monto que deben pagar por la estancia. Además, la idiosincrasia de la población es determinante, sus habitantes se caracterizan por tener un vínculo con la naturaleza, la protección del medio ambiente y sus especies. La propia población impulsa acciones voluntarias en búsqueda de proteger su territorio (Geo Innova, 2016). En este sentido, países como Bután se pueden convertir en el ejemplo y modelo a seguir de otros países que son ajenos al tema.
La gobernanza global actual está erigida sobre un escenario en el cual los Estados junto con la sociedad civil y actores no estatales con intereses privados interactúan para establecer la agenda pública. En el panorama actual donde impera un modelo económico capitalista, los intereses privados han logrado influir en la gobernabilidad dentro de los países y en la relación de los Estados. Asimismo, ese poder que ostentaban los Estados para imponerse y regular el mercado parece haberse visto disminuido ante los ideales liberales. Justamente este modelo liberal se antepuso en los asuntos de regulación medioambiental y logró que la soberanía territorial y legal que ejercen los Estados sean casi que obviados ante los intereses privados de multinacionales, que, al hacer inversiones en todo el mundo, desconocen los intereses colectivos de protección del medio ambiente (Montoya & Rojas, 2016).
Sumado a lo anterior, la emergencia planetaria actual por el cambio climático nos pone como especie en un escenario en el cual debemos volver a debatir acerca del poder que le damos a cada actor de la gobernanza mundial. El poder traducido en gobernabilidad debe estar a la par de las acciones que debemos tomar para enfrentar las consecuencias de la era del Antropoceno que ha puesto en peligro la vida en el planeta. La gobernanza, como los expone Renate Mayntz, debe ser un modelo en el que transite perspectivas no solo top-down sino también bottom- up, en el que no solo los gobiernos estatales o empresas privadas sean los únicos capaces de establecer la relación que tenemos con la naturaleza, sino que la sociedad civil logre un impacto real en la escala de valores (Mayntz, 2005). Asimismo, la crítica hacia el modelo económico liberal actual que pone en peligro la vida y la estabilidad económica de las mayorías es base en la construcción de una gobernanza de vanguardia ante los nuevos retos ambientales.
Teniendo en cuenta lo anterior, parte de las propuestas de transformación tienen un enfoque económico, puesto que desde este punto se puede cambiar y modelar el comportamiento de los actores que se lucran a partir del aprovechamiento ilimitado de los recursos naturales. Siendo así, se puede propugnar por la existencia de cláusulas que obliguen o restrinjan el actuar de los diferentes actores con respecto a la explotación, utilización, preservación y conservación de recursos naturales. Pero ¿serían estas cláusulas una opción exitosa? Como ya se ha aclarado el modelo extractivista es uno de los principales problemas de porqué los avances y medidas en materia medioambiental no han tenido un gran avance, por lo que a través de AMUMAS que afecten tratados de libre comercio entre los Estados se pueden modificar las relaciones económicas que permitan evitar el detrimento del medio ambiente (García-Martínez, M. J, 2009).
Ahora bien, este tipo de cláusulas deben exigir de cierta forma el cumplimiento de compromisos ambientales teniendo en cuenta la disminución de emisiones de gases tóxicos, la protección de especies y áreas protegidas, la disminución de la explotación de los recursos naturales, entre otras medidas. Siendo así, estas medidas al volverse requisitos para acceder a beneficios en materia económica generarán un cambio paulatino del sistema económico neoliberal que predomina actualmente. Cabe resaltar que este tipo de cláusulas deben ir acordes a la legislación internacional actual, respecto al GATT y a la Organización Mundial del Comercio, no obstante, debe abrirse la posibilidad de crear una nueva legislación que respete y favorezca el cambio de paradigma económico que, finalmente, está encaminado a un paradigma bioeconómico (García-Martínez, M. J, 2009).
Desde la propuesta del gobierno de Suecia en 1968 por incluir una conferencia internacional sobre los problemas del medio humano bajo el sistema de Naciones Unidas, se considera imperante que los países de todos los hemisferios, con distintas visiones y cuestiones sobre el desarrollo se aúnen mediante la cooperación internacional para atender las problemáticas que le atañen a toda la humanidad.
De esta manera, por primera vez se fue forjando una idea sobre la necesidad de actuar con prontitud sobre el cuidado del medio ambiente, la diversidad biológica y la relación de la humanidad con estas dos. Por ello, se culminó en la creación de la Declaración y el Plan de acción de Estocolmo en 1972 que priorizó las cuestiones ambientales en el marco internacional y sirvió como referente para el inicio de diálogos para atender cuestiones como el desarrollo económico sustentable, la contaminación y el cambio climático. En esta oportunidad en la ciudad de Estocolmo, se establecieron una serie de principios y un plan de acción para el medio humano establecidas en recomendaciones para todos los países. Este avance fue un hito en el inicio de una serie de acciones frente a las acciones que desestabilizan la vida de las personas, la diversidad biológica y el clima.
Por esta razón, se considera que utilizando mecanismos internacionales vinculantes para las partes, que actualmente existen, podrían estructurarse líneas de financiamiento público, privado y de desarrollo ligados, por ejemplo, a los principios y recomendaciones que se crearon en el Convenio de Estocolmo. La necesidad de estructurar medidas eficaces tiene que estar acompañada con el compromiso de todos los actores globales, incluyendo a los países, sociedad civil, empresas, ONGs, instituciones internacionales, entre otros.
Medidas como la ratificación de acuerdos internacionales existentes que con el tiempo se han adaptado al surgimiento de nuevos retos con respecto a la degradación ambiental, debería estar acompañado con un reforzamiento de la financiación sostenible por parte de gobiernos, empresas y organizaciones financieras o no financieras. Se deben reforzar y crear nuevas cláusulas que limiten el préstamo a empresas e instituciones que estrictamente cumplan determinados estándares sostenibles relacionados con el medio ambiente sano, energías renovables y proyectos sociales con impacto inclusivo y sostenible. Actualmente existen entidades vigilantes, principalmente en Europa bajo la dirección de la Unión Europea, por lo que se necesita de su labor para crear medidas más estrictas para el financiamiento de programas o proyectos, mejorar la vigilancia, incluir a la sociedad civil en la toma de decisiones y en la vigilancia de riesgos climáticos y medioambientales.
La Organización de las Naciones Unidas como un órgano internacional preocupado por los diferentes problemas que aqueja al mundo, debe ser un pionero en la creación de redes y alianzas para que el mundo se vea inmerso en una transformación económica verde y sostenible. Siendo así, se considera que debe fortalecer las alianzas con tres actores importantes del sistema internacional: Las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones sociales.
En primer lugar, la ONU debe crear una serie de alianzas con las empresas principalmente privadas puesto que el desarrollo económico se da por medio del aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente. Siendo así, puede ser un acercamiento principalmente económico donde se permita alivios económicos, acceso a diversificación del mercado e incluso ampliación operativa de las mismas siempre y cuando se enlacen a compromisos en materia ambiental que vaya a favor del cambio del modelo productivo actual y se llegue a un equilibrio entre economía y sustentabilidad medioambiental. Cabe resaltar que se puede considerar como una de las alianzas más importantes puesto que el comportamiento y colaboración de las grandes industrias a nivel mundial es un factor determinante respecto a la protección, preservación y mejora del medio ambiente.
Lo mencionado anteriormente, se ve reflejado a una escala estatal donde países como México se creó en 1994 la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable por el Consejo Coordinador Empresarial con el fin de crear estrategias a favor del desarrollo económico sostenible (Chapela, F., R. Ogarrio, S. Rojas, R. Zambrano, J. Bezaury-Creel et al. 2016).
En segundo lugar, la ONU debe fortalecer las alianzas con las organizaciones de la sociedad civil debido a su importancia a nivel nacional y mundial teniendo en cuenta la labor por trabajar en pro de iniciativas de interés público y su influencia en la toma de decisiones de un país. Es por lo que, estas organizaciones pueden ser un canal directo con la institución internacional y la población civil, al posicionar la problemática medioambiental como parte de la agenda regional y local. Por lo anterior, se debe promulgar alianzas de tipo política y estratégicas con el fin de que sean estas organizaciones las que permitan una mayor participación de la sociedad frente al detrimento natural y estén en la capacidad de exigir mejoras y cambios a los líderes políticos para evitar un desastre medioambiental.
En tercer lugar, las organizaciones sociales entendidas como los sectores productivos pequeños de un país son otro actor clave que la ONU debe contemplar dentro de su abanico de posibilidades. Lo anterior, porque es la relación más directa con los ciudadanos urbanos y rurales que en el caso de la aplicación de criterio medioambientales que generen un impacto positivo se llegaría a un estado de equilibrio óptimo entre la explotación y uso de los recursos naturales, y la conservación y preservación de la biodiversidad (Chapela, F., R. Ogarrio, S. Rojas, R. Zambrano, J. Bezaury-Creel et al. 2016).
En conclusión, a pesar de que la ONU debe construir y fortalecer alianzas con diversos actores del sistema internacional, los mencionados en esta respuesta son los considerados como claves para cambiar del paradigma antropocéntrico a un paradigma biocéntrico.
La innovación y la tecnología han cambiado la realidad del ser humano en los últimos años. La conexión inalámbrica a Internet, el intercambio de datos a gran velocidad y la creación de aparatos inteligentes como los celulares, dan cuenta de la capacidad de creación que tenemos como especie. Sin embargo, a pesar de esa “evolución tecnológica”, parece ser que la relación del ser humano con la naturaleza es cada vez más problemática.
El calentamiento global es una amenaza para la vida en el planeta, que ha puesto en tela de juicio la forma en la que nos hemos relacionado con la naturaleza y la forma en la vivimos. El consumo insostenible de materias primas, el uso de energías fósiles, y la contaminación son el reflejo de nuestro comportamiento antropocéntrico con el medio ambiente (Gómez, 2021). No obstante, en este escenario poco alentador aparecen un sinfín de tecnologías que nos dan luz en la tarea de la conservación de la biodiversidad y nuestra propia existencia sobre el planeta.
Sacar provecho de herramientas técnicas que nos proporcionan ramas de la ciencia como la biotecnología ambiental, es imprescindible para lograr un calentamiento global por debajo de 1,5 °C , límite para no pasar el límite de los puntos de inflexión. Esta rama de la biotecnología nos permite entender los ciclos del carbono o el nitrógeno en la tierra, así mejorar procesos industriales para que sean sostenibles con la biodiversidad en el planeta. Es por eso, que reemplazar combustibles fósiles por otros como el bioetanol o el biodiesel, es una de las tantas formas que propone esta rama. Asimismo, el aprovechamiento de la materia orgánica que es desperdiciada en desechos, puede ser otra fuente de energía útil y que lograría impactar positivamente la reducción de gases de efecto invernadero. Por otro lado, en actividades agrícolas como la ganadería se han empezado a emplear técnicas de secuestro de carbono, y en la agricultura la proliferación de métodos para conservar el agua y aprovechar de manera más eficiente la energía solar (Blasco & Castillo, 2011).
Pero no solo existen estas herramientas técnicas, sino que avances tecnológicos en el desarrollo de paneles solares, el mejoramiento de los procesos en recolección de energía eólica mediante turbinas, y también en turbinas hidroeléctricas, han permitido un avance significativo en la lucha contra el calentamiento global (Niranjan, 2020).
Finalmente, hay que reconocer que no solo los dirigentes públicos o de empresas privadas multinacionales, tienen que cambiar la escala de en los sistemas, sino que es una tarea colectiva pero también individual, debemos ser capaces de aprovechar nuestra capacidad de razón e innovación para lograr un desarrollo sustentable. Aunado a lo anterior hay que reconocer también que las herramientas tecnológicas no son la solución en sí misma, ya que también tienen efectos adversos como la explotación de recursos para su desarrollo y una posterior contaminación, sino que todos los seres humanos debemos empezar desde ya a dar soluciones reales que reestructuren nuestra relación con el medio ambiente para lograr el sostenimiento de la vida en la tierra.
Referencias
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Blasco Pla, R., & Castillo Rodríguez, F. (2014). Acerca de la biotecnología ambiental. Arbor, 190(768), a157. https://doi.org/10.3989/arbor.2014.768n4011
CEPAL. (2020). Desafíos de la territorialización de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe - Foro de discusión. Recuperado de: https://www.cepal.org/es/eventos/desafios-la-territorializacion-la-agenda-2030-america-latina-caribe-foro-discusion#:~:text=Algunos%20de%20los%20desaf%C3%ADos%20identificados,los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible.
Chapela, F., R. Ogarrio, S. Rojas, R. Zambrano, J. Bezaury-Creel et al. 2016. Las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones sociales, en Capital natural de México, vol. iv: Capacidades humanas e institucionales. Conabio, México, pp. 99-126
García-Martínez, M. J. (2009). Relaciones entre el Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos de América y los Acuerdos Multilaterales Ambientales. International Law, 14, 133–161. https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2474/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=47053004&lang=es&site=ehost-live
Geo Innova. (2016). Bután, en el Himalaya: El país que no contamina. Recuperado de: https://geoinnova.org/blog-territorio/butan-himalaya-pais-no-contamina/
Gómez Lee, M. I., Avellaneda Hortúa, M., Cuervo Casallas, M. L., Garay, J. L., Guzmán González, M., Rojas Jiménez, H. H., Sandoval Castiblanco, A., & Valdivieso Cervera, G. E. (2021). Ahora o nunca: gobernanza, coproducción y bioeconomía contra el cambio climático. Universidad Externado de Colombia.
Gudynas, E. (2013). “Extracciones, extractivismo y extrahecciones”. Observatorio del Desarrollo. Centro Latino Americano de Ecología Social. N° 18. Montevideo
ICEX. (2021). 14.º Plan Quinquenal de la República Popular China. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín.
Mayntz, R., 2005. Nuevos desafíos de la teoría de la gobernanza. En: Cerrillo, A. (Ed.), La gobernanza hoy: 10 textos de referencia. Estudios Gobernanza. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Madrid. pp. 83-98.
Molina (2019). Sobre la eficacia de las normas ambientales. Departamento de Derecho del Medio Ambiente. Recuperado de https://medioambiente.uexternado.edu.co/sobre-la-eficacia-de-las-normas-ambientales/
Montoya-Domínguez, E., & Rojas-Robles, R. (2016). Elementos sobre la gobernanza y la gobernanza ambiental. Gestión y Ambiente, 19(2), 302–317. https://doi.org/10.15446/ga.v19n2.58768
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Pardo, J. (2016). Del modelo extractivista a las dinámicas de desarrollo local en contextos de conflicto: distrito minero litoral pacífico (2008-2012). Recuperado de: https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12527/PardoDuran-JoanSebastian-2016.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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UN. (2020). Década de acción. Recuperado de: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/decade-of-action/
En en el archivo encontraran nuestras respuestas para la participación en la reunión Estocolmo +50.
Adjuntado pueden encontrar nuestras respuestas a las preguntas propuestas.
En el siguiente archivo podrán encontraran las respuestas de Luisa Rojas, Laura Borras, Emil Barbosa y Dilaan Gaviria para en el Foro de Estocolmo +50.
Luisa Rojas, Laura Borras, Emil Barbosa y Dilaan Gaviria
(Foro Estocolmo +50)
Pueblos indígenas y comunidades locales (PICL)
Sin duda alguna, uno de los mayores desafíos que enfrenta la implementación de los compromisos de la Agenda 2030 y/u otros compromisos ambientales son la coevolución del capitalismo de algunos países, la falta de compromisos vinculantes para los Estados y, en gran medida, la generación de incentivos que permitan crear una economía circular sostenible en el Sistema Internacional. Estos tres pilares afectan en gran medida 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como: Agua Limpia y Saneamiento; Energía Asequible y No Contaminante; Agua, Industria, Innovación e Infraestructura; Ciudades y Comunidades Sostenibles; Acción por el Clima; Vida Submarina y, por último, Vida de Ecosistemas Terrestres.
Por lo anterior, para crear un entorno adecuado por la puesta en práctica de la Agenda 2030 sin limitaciones como las ya expuestas anteriormente, es importante seguir trabajando en la construcción de espacios que incluyan y vinculen a todos los actores (Estados, Sociedad Civil o ONG’s, entre otros) que puedan aportar a la lucha contra el cambio climático y el cmplimiento de la Agenda 2030 u otros acuerdos que atañen temas medio ambientales; sin embargo, es de menester que en estos espacios se les otorgue principal relevancia a los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (PICL), ya que, ellos son quienes más podrían aportar en la implementación adecuada de la Agenda 2030 respetando a la Madre Naturaleza (ser respondiente) y poniendo por encima de los intereses económicos y antropocéntricos; la estabilidad ecológica, la democracia medioambiental, la ecologización de los Derechos Humanos y la responsabilidad medioambiental de todos.
Teniendo en cuenta que las buenas prácticas son aquellas actividades que buscan disminuir el impacto negativo de las actividades económicas humanas en el medio ambiente; por ello, la implementación de medidas que integren la cosmovisión indigena, ya que estas comunidades entienden de manera diferente la importancia que tiene la madre tierra para el desarrollo de los individuos, la naturaleza no la ven como el fin sino el medio para poder vivir, por ende estas comunidades tienden a protegerla y a conservarla.
Dicho lo anterior, es necesario implementar buenas prácticas no solo en el ámbito macro, si no que es también necesario hacerlo desde los hogares y los individuos. La primera práctica que considero necesaria es optimizar y regular el uso del agua, no solo para las personas en general si no para las empresas, por ejemplo la industria textil, industria ganadera y minera son aquellas que usan mayor cantidad de agua. Por otro lado, es necesario implementar talleres informativos sobre el reciclaje, teniendo en cuenta que en colombia, por ejemplo, no lo hacemos de manera correcta, teniendo en cuenta que hoy en día el reciclaje es una buena opción para emprendimientos que sean realmente innovadores, un ejemplo de esto es la marca de accesorios y gafas SAJÚ, quienes han hecho del plástico una fuente de ingreso. Finalmente, es necesario implementar nuevas medidas medioambientales, que no sean soft law, realmente hay que penalizar e imponer impuestos a las empresas y Estados que no contribuyan a cumplir con los objetivos de desarrollos sostenible, para lograr que estas medidas restrictivas o pecuniarias, incluyendo la cosmovisión indígena.
Primero, desde la perspectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales (PICL), es importante tener en cuenta la inclusión de las PICL en todas las discusiones y/o debates políticos que atañen temas medioambientales a nivel regional, tal como lo propone el Acuerdo de Escazú. Por otro lado, para transformar los sistemas legales que mantengan la estabilidad económica a largo plazo y el bienestar ecológico y social para todos, es importante tener en cuenta estos 3 pilares: el acceso a la información, seguridad jurídica y participación pública para todos y los PICL.
Ahora bien, respecto al acceso a la información, es importante crear instancias de diálogo e información mancomunada entre los países del Sistema Internacional para exponer las ideas de los actores (Estados, ONG 's, Sociedad Civil, PICL) que realmente están interesados en generar un impacto positivo en el medio ambiente. Segundo, respecto a la seguridad jurídica, es importante tener en cuenta la responsabilidad de los Estados de proteger a los actores más vulnerables en la lucha contra el cambio climático, quienes son los que están a “carne de cañón” luchando contra las Multinacionales, actores y Estados que propenden por la coevolución del capitalismo y el intercambio ecológicamente desigual. Por último, referente a la participación pública, es sumamente importante garantizar la participación de todos y todas que busquen generar un impacto positivo o un valor agregado para mantener el bienestar ecológico y la estabilidad económica y social; para lo anterior, también es vital, tener en cuenta, sobretodo, la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales que nos pueden compartir su visión más biocéntrica sobre el planeta, dejando de un lado la visión antropocéntrica que de nada ha servido en los anteriores esfuerzos por cuidar el medio ambiente.
Para que exista coherencia con la financiación pública y privada confiamos en la creación de un fondo de desarrollo y cuidado ambiental (FDCA), que comprometa a los países y las empresas más contaminantes a responder por los desastres medioambientales, por medio de un nuevo acuerdo comercial, vinculado a las obligaciones previas establecidas por los acuerdos en la OMC.
El acuerdo resulta vinculante , en tanto , se obligan a los Estados y empresas a asumir la responsabilidad de sus actividades contaminantes , por una parte el Fondo recaudará las sanciones económicas impuestas a las economías que afectan el ecosistema , estos montos serán propuestos por el comité administrador de la institución basados en los impactos ambientales generados por las diferentes actividades económicas . Por otra parte, el fondo financiera los proyectos presentados por Gobiernos , Empresas y la sociedad civil particularmente a las comunidades marginadas ( pueblos indígenas )
Principalmente, se debe reconocer la importancia de fomentar la participación indígena en los acuerdos locales, regionales y nacionales para así poder tomar decisiones encaminadas al desarrollo económico acompañado de la protección ambiental; estas comunidades han adaptado su estilo de vida para integrarse y respetar su entorno “La madre tierra” mediante actividades como la agricultura, la ganadería, la pesca, artesanías, y la recolección. Esta visión he generado un planteamiento encaminado a incentivar medidas económicas que sean agradables con el medio ambiente por parte de la comunidad internacional, a través de organizaciones intergubernamentales que establezcan objetivos claros y precisos para mitigar la contaminación ambiental, el calentamiento global y la emisión de Co2 , y al mismo tiempo promover el crecimiento económico.
La ONU, como organización internacional he realizado ciertos avances como lo son: La declaración de Estocolmo, Los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), La convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (CMCC) y La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar(CDM), los cuales han dado las bases sobre la protección medioambiental por parte de los actores internacionales.
Por otra parte , los AMUMAS han permitido estructurar e implementar acciones eficientes y concretas para estimular a los estados a cuidar los recursos naturales
Debido a la inminente crisis climática que se vive en todo el mundo, la cual ha sido denunciada y advertida en múltiples foros desde río, río +20, la Convención de París entre otros donde se ha buscado mitigar el impacto del cambio climático, sin embargo, no se han buscado cambiar las fuentes principales de dicha crisis que no son otras si no el modelo extractivista de producción capitalista lineal, que está diseñado para producir y tirar, lo cual evita que los recursos puedan ser reincorporados nuevamente a los procesos productivos y simplemente se deba volver a extraer nueva materia prima lo cual es la causa del problema, es así cómo surgen nuevas ideas tales como la economía circular, el reciclaje entre otras alternativas que se encuentran todas contenidas en la Bioeconomía que resulta en una nueva oportunidad para el desarrollo de la economía sostenible proponiendo una alternativa a los grandes capitalistas para que sean ellos quienes lleven el liderazgo de esta transformación económica y social a la cual el ser humano se debe vincular de inmediato.
El enfoque que presenta la economía circular con fuerte énfasis en la reutilización y reciclaje es un buen punto de partida para iniciar la aplicación de principios Bioeconómicos, ya qué una de las metas inmediatas de la Bioeconomía es aprovechar la biomasa generada en los procesos agrícolas para sustituir de forma progresiva la dependencia de los combustibles fósiles entre otros proyectos que buscan aprovechar por medio de la tecnología los residuos generados de los procesos productivos y reincorporarlos a la cadena productiva.
Es así como nace el concepto de bioeconomía, que es un cambio de paradigma en los procesos producción, la Bioeconomía promueve el procesamiento integral de la materia orgánica e inorgánica residual para obtener y generar nuevos productos amigables con el medio ambiente que aprovechan la tecnología y vuelven a utilizar los residuos generados de los procesos productivos y reincorporarlos a la cadena productiva, transformándolos en bioenergía u otro producto derivado que a la vez estimula el desarrollo social con la mejora de la rentabilidad industrial y económica. El desafío a futuro es transformar estas capacidades en mayor valor agregado y desarrollo social lo que implica la inserción de las nuevas tecnologías en la industrialización del sector primario además de una integración y diversificación sustentable de dichos procesos productivos primarios los cuales resultan ser los motores para obtener manufacturas de mejor calidad, sin la necesidad de extraer nuevos recursos de la naturaleza.
De este modo nacen los conceptos de Biocombustibles, las Biofábricas, la Biomedicina, Bioturismo, los Bioalimentos; que cada día suma nuevos emprendimientos dejando de lado los antiguos procesos de producción lineal basados en el esquema extraer, procesar, transformar, utilizar y descartar no son sustentables en el largo plazo debido a que En los próximos 20 años la humanidad deberá producir alimentos, energía e insumos básicos para 9 Billones de personas y este crecimiento de la población mundial demanda cada vez más un modelo sustentable que no dañe al ambiente y que a la vez sea más eficiente en el uso de los recursos naturales. Ahora bien, las estrategias de desarrollo sostenibilidad planteadas por la Bioeconomía proporcionan respuestas a 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para el año 2030.
Referencias
Participación Estocolmo +50
La implementación de los compromisos de la Agenda 2030 y otros compromisos ambientales enfrentan diferentes retos. En primer lugar, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son metas que no presentan las causas de los problemas, lo que implica que, las acciones contempladas no contribuyan de manera íntegra a la solución y, además, impida la creación de principios y normas que busquen proteger la naturaleza. Otra de las falencias de los ODS es que no son obligatorios, esto ocasiona que primen otros intereses y que muchos Estados no trabajan ni implementan una serie de acciones encaminadas a reducir el daño ambiental.
En segundo lugar, existe una falta de conexión entre las diferentes ramas del Derecho Internacional, específicamente, entre el régimen de inversiones y el régimen de derechos humanos. Lo anterior, potencia la aparición de una jurisprudencia contradictoria y la pérdida de seguridad jurídica dado que, cada régimen ha avanzado de acuerdo con lógicas propias, con objetivos propios y sin crear puentes que comuniquen su desarrollo con otras áreas del derecho internacional. Asimismo, se genera un desequilibrio entre las normas existentes debido a que, se suele encontrar cierto grado de validez coercitiva de normas que no siempre van de acuerdo con el rango de jerarquías del sistema jurídico (Echaide, 2014).
En tercer lugar, las políticas ambientales no son políticas de Estado sino de gobierno, lo que significa que son políticas de corta duración y que depende de la voluntad del gobierno de turno, lo cual no garantiza no solamente el cumplimiento – parcial – de metas como los ODS, sino también se incurre en un alto riesgo en que el gobierno se alinee con intereses que perjudiquen con el medio ambiente mediante el uso de economías extractivistas, la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), la mala distribución de los recursos dentro de la población que promuevan la contaminación dentro y fuera del territorio y la limitación de uso de energías limpias y/o sostenibles
Por último, para crear un entorno adecuado para la puesta en práctica es necesario que la sociedad en general se enfoque en dar un giro en la cosmovisión respecto a la noción de la relación de la humanidad con el planeta. Pues, es desde los cambios narrativos que se podrían cimentar las bases para poder establecer garantías económicas, sociales y políticas para dar con el llamado entorno adecuado. Esto se puede comprobar en la medida en que las soluciones no se están pensando en pos de la preservación medioambiental sino en la de cómo se pueden generar consensos entre gobiernos y empresas. Y si bien esta postura no es la que se podría ver como deseable para algunos actores y varios gobiernos que comparten intereses pensados desde economías extractivistas, sí es una que debe tomarse como radical, pues cualquiera que no se piense desde el biocentrismo solo resultará en una solución mediocre e insuficiente.
Teniendo en cuenta que la Década de Acción se moviliza para cumplir los ODS, hace falta entender que estos están planteados desde una perspectiva de bienestar in toto, por ello, se debe comprender que antes de cualquier propuesta adscrita a una línea medioambiental, se debe entender que el “bienestar medioambiental” es una fracción del bienestar integral; debido a que, hay que comprender el mundo desde una perspectiva biocéntrica, ergo no se le da mayor atención a la narrativa ecológica como muchos detractores del desarrollo sustentable pueden llegar a concluir - de manera falaz, además - sino que al comprender el mundo y la naturaleza como un conglomerado en conjunto no existe la jerarquización respecto a la preservación y bienestar, sino que todo responde de manera integral y transversal. Por lo tanto, se debe garantizar primero una calidad de vida digna para posteriormente, desarrollar un entorno humano deseable.
Para acelerar la implementación de la dimensión ambiental del Desarrollo Sostenible en el contexto de la Década de Acción, es necesario que se lleven a cabo las llamadas “buenas prácticas” como:
Ahora bien, se requiere que se amplíen dos vías para acelerar la implementación de la dimensión ambiental del desarrollo sostenible, una es la relacionada con la promoción de la conciencia social de las personas, el sector privado y los gobiernos y la otra es la vía jurídica que se debe encargar de garantizar la implementación de los compromisos medioambientales adquiridos.
En primer lugar, se requiere que los tres actores de la gobernanza global: gobiernos, sociedad civil y sector privado (Zürn, 2018), incluyan dentro de sus prioridades el cuidado del medio ambiente. Para ello, las redes transnacionales pueden colaborar para concientizar a los diferentes actores sobre la necesidad de implementar la economía ecológica, la cual trata sobre la sostenibilidad de la vida, y a diferencia de la economía ambiental, explica que si no se cuenta con recursos, la economía no puede funcionar, por lo que esta se encuentra contenida en un sistema más grande que es la ecología, la cual determina la forma en que funcionan los ecosistemas.
De lograrse dicho objetivo, los planes de gobierno se pueden ligar efectivamente a la Agenda 2030 y a los ODS, así como a los compromisos adquiridos por el país a través de los distintos tratados multilaterales como los Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente (AMUMAS), los cuales deben cobrar mayor relevancia para proteger el medio ambiente y garantizar los recursos necesarios para que las generaciones futuras satisfagan sus necesidades. Por el lado de las empresas, estas deben alinear sus objetivos para que aporten al cumplimiento de los ODS y realicen transformaciones que les permitan tener procesos amigables con el medio ambiente.
En segundo lugar, la vía jurídica debe fortalecerse pues, actualmente el derecho ambiental se compone principalmente de soft law, es decir que no implica la imposición de consecuencias normativas por incumplimiento y no tiene mayor grado de obligatoriedad, por ello se presta para que se incumplan sus disposiciones. Además, los tribunales que dirimen los conflictos tienden a dictar sus decisiones basados en la economía y los intereses comerciales, por lo que el cuidado del medio ambiente queda relegado a un segundo plano. Por lo tanto, se requiere que se presente un cambio en esta dinámica y se repliquen decisiones como las proferidas por la Corte Constitucional de Colombia en las sentencias T-622 de 2016 y STC 4360 de 2018, en las cuales se reconoció la importancia de la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible y se sobrepuso sobre intereses económicos que deterioran el planeta.
Si se logran concretar estas prácticas y vías, es posible acelerar la aplicación de la dimensión ambiental del desarrollo sostenible y lograr los efectos esperados en la década de acción de modo que sea más común - y lógico - el entender el desarrollo de un Estado o del propio sector privado desde una perspectiva sustentable - no solamente sostenible - y, por extensión, se comprenda no solamente la viabilidad de esta nueva narrativa dentro del marco de desarrollo de las naciones, sino además, generar nuevos tratos en la relación entre actores de la gobernanza global.
Para empezar es necesario entender que, la Salud del planeta y la provisión de un ambiente sano es responsabilidad de todos los Estados y actores, es decir de la sociedad civil y el sector privado. Por lo tanto, las acciones que se adelanten deben ser coordinadas para alcanzar las metas trazadas tanto por el gobierno interno como por la comunidad internacional.
En primer lugar , es necesario redireccionar la forma en la que se ha venido ejerciendo la gobernanza global con el fin de superar el dilema del prisionero y la paradoja de la soberanía debido a que, actualmente los Estados parten de nociones y estrategias tradicionales y clásicas de soberanía, lo que impide que cooperen incluso en temas trasnacionales (Kaul y Blondin, 2015), pues desde una base arcaica se modela el Estado como fin último de la gobernanza cuando en la actualidad esta debe ser la conexión que relacione a los distintos actores del sistema internacional. Además, el temor de que aparezcan free riders lleva a que el mundo esté inmerso en el dilema del prisionero en el cual ningún Estado puede solucionar el problema por sí solo, pero ninguno está dispuesto a cooperar (Kaul y Blondin, 2015). Por ello, es necesario que se implemente la soberanía inteligente en la cual los Estados comprendan que se debe pensar tanto en la soberanía nacional como en la global porque hay problemas que se deben enfrentar en conjunto (Kaul y Blondin, 2015). Por esto, es que es apenas lógico afirmar que la construcción, acción y evaluación de los Estados como se está presentando en la actualidad es una completamente desactualizada, porque mientras los esfuerzos y retos en la actualidad se manifiestan como transnacionales, los actores se perciben como individuos y no como conglomerado.
Asimismo, es necesario que la reformulación de gobernanza global se presente en términos biocéntricos. En otras palabras, una gobernanza que esté orientada por el bien común de la humanidad, que reconozca que el bienestar ecológico es responsabilidad de todos y ubica en el centro de todo a la naturaleza que se sobrepone a todos los demás temas y sistemas.
Esta perspectiva sistemática en torno a la naturaleza como eje central de las sociedades, genera un cambio radical en la forma en que se entiende el mundo, y por tanto la interacción con el mismo. Pues, elementos como la forma en que se han desarrollado los Estados y los modelos económicos en su gran mayoría dentro de occidente se ha cimentado en una cosmovisión únicamente eurocéntrica, y esta como si fuese una realidad inmutable, cuando es solo una construcción impuesta por la historia y la dependencia del sur al norte debido a la misma imposición sistemática.
Ahora, a partir de la premisa anterior se puede llegar a distintas conclusiones igualmente relacionadas a los sistemas e instituciones que se manifiestan como piedras angulares de los Estados. Uno de ellos, el sistema económico (que dentro de una narrativa eurocéntrica y capitalista se comprende como el elemento primordial en la consolidación del Estado liberal) que se ha desarrollado, entendido y re - producido como una variable independiente a manejar para poder fomentar el desarrollo dentro de un Estado, error en el que han incurrido distintos gobiernos sean de corte tradicional o progresista - debido a que al partir de una visión antropocéntrica las soluciones que se planteen de cortes liberales o conservadores pese a pensarse en objetivos distintos sus bases son las mismas -. Por ello, al partir de la naturaleza como superestructura y sistema primario se concebiría que la economía (como subsistema) no se entiende por sí mismo, sino que parte desde la naturaleza - tanto por elementos simbólicos, como directos -.
De tal modo, no solamente los sistemas usualmente entendidos como independientes como lo es la economía, también deben replantearse cómo subsecuentes a la naturaleza misma como gran sistema; estos pueden ser los elementos de cohesión social en que se use y se piense la política, el derecho y las dinámicas sociales identitarias dentro del marco de igualdad jerárquica a partir de entenderse como subsistemas productos de la naturaleza, luego, todo sistema humano verdaderamente es un subsistema del mundo, por tanto dependiente del mismo. Así, se pensarían todos los subsistemas o sistemas humanos en favor de preservar la superestructura que representa la totalidad y la piedra angular de todas las sociedades humanas. Esto sería, implementar economías sustentables, sociedades con menor estratificación social debido a un entendimiento humano basado en la igualdad.
Los sistemas legales, en concordancia a los políticos, deben partir basándose en una sola vía, en el desarrollo de un derecho internacional con coordinación, coherencia, cooperación y sistematización. En otras palabras, lo ideal sería que hubiese una conexión o puentes entre todas las ramas del Derecho Internacional, de esta manera, se apuntaría un mismo objetivo y sería más fácil garantizar la protección del medio ambiente.
Actualmente las afectaciones ambientales son totales, es decir, incumben a toda la humanidad. Por ello el llamado a las acciones que se requieren para detener la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de la naturaleza y biodiversidad y la contaminación y el desperdicio, se establecen como no solamente imperantes, sino que se planteen de manera ser conjuntas y coordinadas entre todos los actores del sistema internacional. Según Zürn (2018), los tres actores que deben actuar y cooperar para dar una solución integral a la actual crisis son: los Estados, el mercado y la sociedad civil; debido a que, todos deben aportar para lograr detener los cambios que la naturaleza está presentando debido a la acción humana.
En Colombia, el gasto público en biodiversidad anual, según el sistema de registro presupuestal, equivale al 0,64% del PIB y las principales fuentes de financiación provienen del Gobierno Nacional Central, las Entidades Territoriales y de recursos propios de las autoridades ambientales regionales que es el sistema descentralizado (Bejarano, citado Cancillería de Colombia-FIGRI, 2020). El mayor gasto está orientado al componente de protección y a lo que menos se le invierte dinero, es a la distribución justa y equitativa de los beneficios (Bejarano, citado en Cancillería de Colombia-FIGRI, 2020).
Por su parte el sector privado, hace una inversión anual que en promedio equivale al 0,04% del PIB (DNP, 2018). El mayor monto de financiación que representa el 81% del total de la inversión, corresponde a aquella que realizan las compañías para dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, que está relacionada con la protección del aire, el agua y el clima, la gestión de aguas residuales, el manejo de residuos y la protección de la biodiversidad (DNP, 2018). Colombia ha desarrollado un marco regulatorio robusto que ha tenido implicaciones en la inversión de las empresas, por ello, el gasto se ha orientado en mayor medida a la protección del medio ambiente y los recursos naturales y a mejorar la eficiencia de procesos industriales donde se incluye inversión en maquinaria, planta y equipo para el control de las emisiones de gases de efecto invernadero, como respuesta a las normas adoptadas por el país, pero también para aprovechar beneficios tributarios vigentes para inversiones en control y mejoramiento ambiental (DNP, 2018).
Ahora bien, es crucial que se reconozca a nivel transversal entre actores públicos y privados que para poder tratar los problemas ambientales actuales se reconozcan los aportes del ambiente sano y de la biodiversidad como las bases principales para que se tracen los objetivos por y para cada sector. En otras palabras, a partir de dichos soportes, se planteen los desarrollos económicos, comerciales, productivos, sociales e institucionales desde los compromisos ambientales.
Por parte del sector público es necesario mencionar que los recursos destinados a este tema se vieron afectados por la pandemia, de ahí que se debe garantizar que se cuente con el cupo de endeudamiento (Bejarano, citado en Cancillería de Colombia-FIGRI, 2020) y la voluntad política necesaria para invertir en el medio ambiente, con el objetivo de cumplir con los compromisos adquiridos. Aunado a ello, se requiere que los tomadores de decisiones se mantengan informados y sigan las recomendaciones de autoridades epistémicas como el IPCC, el IPBES y otras autoridades no oficiales de la sociedad civil, como es el caso de las redes transnacionales que son quienes cuentan con la información y el conocimiento sobre la urgencia de actuar rápidamente para evitar que se desencadenen los puntos de inflexión. Es por esto que, las redes transnacionales se pueden encargar de transmitir la información necesaria al gobierno, para que se mantenga al tanto de la situación y se oriente la financiación necesaria al tema medioambiental.
Por el lado del sector privado, es necesario que una vez se reconozca la importancia del medio ambiente sano para el desarrollo de sus actividades económicas, se invierta en innovación en los sectores de alto valor agregado para que se conviertan en mercados biobasados, que tienen altas tasas de crecimiento, por lo que es rentable que destinen recursos a estos mercados (Méndez, citado en Cancillería de Colombia-FIGRI, 2020). Las redes transnacionales con su conocimiento, cumplen un papel fundamental orientando a las empresas para que perciban los grandes beneficios que obtendrían si el medio ambiente está en óptimas condiciones, y las pérdidas que tendrían si se sigue deteriorando, pues la economía se encarga de distribuir recursos escasos y si se sigue la tendencia actual, no habrá recursos que distribuir ni actividades económicas que realizar.
Para que se presente este cambio y se pueda alinear la financiación de las diferentes fuentes, es necesario que el gobierno cree estímulos e incentivos para que las empresas se interesen en mayor medida por los mercados bio basados, para lo cual se requiere de la innovación y vinculación del sector productivo por parte del gobierno (Mendez, citado en Cancillería de Colombia-FIGRI, 2020). De esta manera, tanto el sector público como el privado pueden trabajar conjuntamente para invertir sus recursos en la lucha contra el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación.
Aunado a ello, es necesario que todas las personas se encuentren informadas sobre la triple crisis planetaria y las acciones requeridas para afrontarla. Es por esto que las redes transnacionales se pueden encargar de apoyar en estrategias pedagógicas y concientizar a los ciudadanos, con el objetivo de que sean una fuerza transformadora que demande acciones y productos medioambientalmente amigables (Díaz, citado en Cancillería de Colombia-FIGRI, 2020).
Finalmente, es necesario mencionar que para que las diferentes fuentes de financiación se encuentren alineadas, se requiere de agendas intersectoriales donde el medio ambiente sea el tema central para todas las acciones que se lleven a cabo y se incluyan compromisos intersectoriales que impliquen la participación activa de todos los actores involucrados.
Para lograr una transformación económica verde y sostenible es necesario establecer en primer lugar alianzas entre los Estados. Principalmente - aunque no exclusivamente -, entre aquellos que se han adherido a los AMUMAS. Lo anterior, teniendo en cuenta de que es necesario asumir una soberanía inteligente e interdependiente. Es decir, buscar y establecer entre ellos acciones conjuntas que no solo respondan a las metas establecidas, por ejemplo, en cuanto a ODS, sino también en cuanto a procesos y vías que puedan cumplir con las metas que estas plantean.
Teniendo en cuenta lo anterior, vale destacar el caso de países africanos, que han propuesto un cambio de paradigma que permita alejarse del modelo de explotación de los recursos extraíbles basado en una alta dependencia de los mercados internacionales de exportación, cuyo objetivo principal es transformar estructuralmente sus economías, mediante el uso de los recursos minerales para catalizar un crecimiento de base amplia e incluyente y el desarrollo de los mercados de recursos naturales del continente, y de esta manera fomentar una mayor diversificación económica e industrialización (Altomonte & Sánchez, 2016).
Para realizar esta búsqueda de soluciones estatales e interdependientes los organismos de la ONU aportan en tanto ya se encuentran especializados en subtemas. De manera que, el Consejo Económico y Social y sus 54 miembros se encargan de tratar los asuntos económicos, sociales y medioambientales, mediante la revisión de las políticas que se adaptan, su coordinación y la creación de recomendaciones (ONU, s.f.). De igual forma, también se destaca la labor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que trabaja en 170 países en los cuales contribuye al desarrollo de políticas, habilidades de asociación, capacidades institucionales y a desarrollar resiliencia para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible enfocados en desarrollo sostenible, gobernanza democrática y consolidación de la paz, y resiliencia climática y ante desastres (PNUD, s.f.).
Fruto de las mencionadas organizaciones y el trabajo de las mismas, se destaca, por ejemplo, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe como otra forma de alianzas entre los Estados. Este se constituye como el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales (CEPAL, 2018). Sin embargo, no basta únicamente su adopción debido a que es necesario que, como se mencionó previamente, los Estados afirmen y ratifiquen verdaderamente su compromiso hacia el logro de estas alianzas para que se obtengan resultados sostenibles y perdurables.
Finalmente, son necesarias también otro tipo de alianzas que incluyen a las comunidades locales, a la sociedad civil organizada, al sector privado y a las redes transnacionales. Estas alianzas son importantes en tanto constituyen un puente de información y de acción que van desde lo micro, lo regional y lo local hasta lo macro, nacional, transfronterizo e internacional. Es decir, si bien los acuerdos y compromisos adquiridos por los Estados permiten fijar una línea común de acción, las actividades y programas que se realicen y apoyen desde estos actores son la acción manifiesta del logro de las metas propuestas.
La tecnología ha sido fundamental en la consolidación de la sociedad y en el avance de esta. No solamente, es la forma de cristalizar los saberes y conocimientos en forma de adaptación humana respecto a aprovechar los recursos y el ambiente que nos rodea, como humanidad, para poder consolidarnos cada vez más por encima de cualquier especie y, asimismo, garantizar superioridad de un grupo humano por sobre otro en un interés constante de competencia.
Ahora bien, cabe resaltar que todo avance tecnológico mencionado como parte de los edificadores de las sociedades ha estado regulado (o autorregulado si se le quiere) bajo preceptos éticos y morales, por tanto, sin importar la calidad del avance siempre este se encuentra conectado a la noción de la moralidad que maneje una sociedad. Esto es lo que Adrian Smith denomina los regímenes tecnológicos que son “el conjunto de ‘reglas del juego’ que guía la dirección de la innovación tecnología y el uso de la tecnología para servir necesidades sociales y aprovechar las oportunidades económicas” (2003, p. 3); por lo que es de esperar que los avances tecnológicos vayan en favor de la idea de avance humano. Sin embargo, en la actualidad hay que tener otro elemento crucial en cuenta, este es el del rol que tiene el medio ambiente como un actor protagonista en el rumbo de la humanidad in toto.
Por ello, desde hace ya muchos años se viene hablando del desarrollo sostenible (o sustentable) como una nueva narrativa científica que se fundamenta en tres principios: ambiental, económico y social. Con esto, se propone establecer dos formas para encaminar las nuevas capacidades e investigaciones en favor de un desarrollo sostenible; por un lado, se busca estudiar lo que hace que los avances actuales no sean sustentables para poder eliminar dichos elementos de manera puntual. Por otro lado, se puede experimentar con herramientas y formas de energía alternativas al régimen tecnológico dominante.
Sin embargo, estos esfuerzos en la esfera científica (e incluso económica) pueden resultar insuficientes en la medida en que se ajustan a una noción tradicional de entender la naturaleza como solamente un medio estático que existe sólo para la instrumentalización humana. Esto es porque dentro del pensamiento occidental se ha polarizado la existencia de lo humano de todo aquello que no lo es – en otras palabras, todo lo no-humano viene a representar el “reino de la naturaleza” –; pero, esta noción cae en un error fundamental que es el apartar a lo humano de su entorno a partir de una distinción jerarquizada apropiándose de las diferencias políticas y sociales como elemento fundamental de la cosmovisión que rodea el conocimiento y episteme que se tiene respecto a la naturaleza. Ahora bien, con todo esto se tiene que buscar no solamente un cambio dentro del modelo tecnológico sustentable, sino además, una nueva narrativa que incluya a la naturaleza como un proceso a la par de un hecho biótico que no puede (ni debe) ser institucionalizado ni objetivizado con el fin de que sea una noción de complementariedad la que ordene el desarrollo social, a la par que el que encamine los desarrollos científicos y, por extensión, el desarrollo tecnológico como uno verdaderamente sustentable.
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