Este blog fue escrito por una de nuestras consultoras, Natasha Garzón.
Desde hace décadas, la pobreza extendida en la ruralidad colombiana, la estructura inequitativa de la propiedad rural, el deterioro progresivo de los suelos, la pérdida de productividad agrícola, la dependencia a la importación de alimentos, la incontrolable expansión de la frontera agropecuaria y la actual crisis climática han puesto en jaque la producción agraria y la seguridad alimentaria del país
Con el ánimo de generar un espacio de reflexión y debate sobre las acciones urgentes que Colombia debe adelantar para alcanzar un desarrollo rural integral, el pasado 24 de marzo se llevó a cabo el tercer diálogo sectorial de la Consulta Nacional para la construcción del reporte de país, que será presentado en el evento mundial Estocolmo+50. Este espacio, contó con la participación del viceministro de Agricultura, el director ejecutivo de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria -Agrosavia, el director de gestión ambiental de la Federación Nacional de Cafeteros, académicos de gran trayectoria y líderes de las zonas de reserva campesina del país.
A través de datos, investigaciones y reflexiones, este diálogo puso en el centro de la discusión el hambre que se vive en Colombia como el resultado de un problema agrario de larga data, que hace necesario la transformación de la agricultura que tenemos, hacia un modelo que fortaleza la agricultura familiar y comunitaria para la producción de alimentos y la protección del ambiente. Aspectos fundamentales para lograr un verdadero desarrollo rural con paz completa, acorde con las condiciones ecológicas de las regiones y el potencial de los territorios.
Esto significa, por un lado, mirar hacia adelante sin olvidar los aprendizajes y las experiencias de los procesos que desde abajo hacia arriba han generado una apuesta de desarrollo rural en el país como las Zonas de Reserva Campesina, y por otro, una decisión política que garantice cambios en la estructura presupuestal del sector agropecuario para generar planes de ordenamiento y desarrollo rural integrales, con una institucionalidad en permanente interlocusión con las comunidades, destinación presupuestal para la producción sostenible, investigación, extensionismo y transferencia de tecnología, que además permita contar con créditos e incentivos justos y accesibles para la producción sustentable y una política comercial que genere garantías de compra y estabilización de precios en la producción de alimentos. Todo esto acompañado con servicios básicos de calidad, mejoras en la infraestructura, educación, acceso a internet y desarrollo para el campo, creando mercados laborales y garantías de vida para los jóvenes en los territorios rurales.
El drama de la agricultura de hoy, es que el sector agropecuario se ha convertido en uno de los principales agentes de degradación ambiental del país, sin que esto signifique que se están dando soluciones al problema del hambre y la desigualdad rural. Transformar esta realidad pasa por la construcción de una agenda de investigación en agroecología tropical, fundamentada en la biodiversidad y permeada por los conocimientos de las comunidades, capaz de generar soluciones tecnológicas en el marco de los límites del planeta y el país.
La biodiversidad hasta ahora la hemos estado conservando, pero hay que conocerla para poderla usar de la mejor manera. Y estos nuevos conocimientos deben ser compartidos con las comunidades, a través de la implementación del fondo de extensión agropecuaria que reactive el acompañamiento técnico, la adopción de tecnologías sustentables y permita el intercambio permanente de saberes para el aprendizaje, la innovación y la adaptación al cambio climático.
Es necesario generar información sistemática y de calidad con indicadores veraces que permitan valorar de manera integral los avances en términos de sustentabilidad y desarrollo agropecuario. El índice de pobreza multidimensional debe integrar variables como nutrición, equidad de género, riqueza natural y otros aspectos fundamentales en la comprensión de la situación real de la ruralidad colombiana, y esta transformación pasa por reconceptualizar también lo que significa la productividad, es decir, una valoración que vaya más allá de los kilogramos por hectárea, hacía mediciones capaces de integrar la protección del ambiente y el suministro de servicios ecosistémicos.
Si bien los retos son enormes, la agenda está sobre la mesa. Por lo tanto se necesita un escenario político que haga posible estas transformaciones, a través de un nuevo modelo de gobernanza del sector agropecuario, reestructurado desde la perspectiva de la sustentabilidad y que permita consolidar una producción agrícola, campesina y ambientalmente sostenible que alimente la vida.
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