• La Cumbre y Declaración de Estocolmo constituyen un hito en el abordaje de los problemas ambientales. Dio paso al inicio del desarrollo del derecho internacional ambiental y de la institucionalidad internacional ambiental, con la creación del PNUMA.
  • La necesidad de abordar los problemas ambientales ha evolucionado a partir de 1972, y, en conjunto con la Declaración de Río de 1992 se observó una influencia del tratamiento de los temas ambientales en la región, siendo también el caso de Ecuador.
  • A partir de 1992 de observó la influencia de estas conferencias internacionales en las sociedades latinoamericanas, pues se evidencia una mayor discusión en los niveles nacionales, así como la conformación de redes, normativa e institucionalidad.
  • En Ecuador, las primeras manifestaciones de las consideraciones ambientales a nivel constitucional se generan en las reformas (en 1983) de la Constitución de 1978, que marca un hito importante al incluir dentro de los derechos el derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, pues esto se asociaba a uno de los problemas más acuciantes a nivel internacional como era la contaminación ambiental.
  • La Constitución evolucionó varias veces para incorporar nuevos temas ambientales en los años 1998 y 2008, la cual incluso ha sido reconocida como una Constitución verde, pues incluye una diversidad de disposiciones a favor de la protección de la naturaleza, así como los derechos al ambiente sano y los derechos de la naturaleza.
  • A inicios de los 70 se comenzó a desarrollar normativa asociada al campo ambiental, no obstante, se enfocaba más en temas de contaminación y salud (Ley de Prevención y Control Ambiental), y posteriormente en los años 80s y 90s se desarrollaron la Ley Forestal y Ley de Gestión Ambiental, enfocándose en la regulación de importantes aspectos relativos a la conservación de áreas mediante figuras como los Bosques y Vegetación Protectora y el Patrimonio de Áreas Naturales del Ecuador; así como la regulación de las actividades y sus impactos ambientales y sociales a través del requerimiento de procesos de licenciamiento ambiental.
  • Hasta 2017 uno de los principales retos a nivel legal era la dispersión normativa, pues existía una diversidad de leyes que regulaban los temas de áreas protegidas, gestión ambiental, recursos genéticos, biodiversidad contaminación, entre otros; finalmente, la expedición del Código Orgánico del Ambiente en dicho año marcó un avance fundamental en el ámbito normativo, y si bien se cuenta en la actualidad con un marco normativo secundario que permite la implementación de dicho Código, aún persiste el reto de contar con la normativa técnica asociada al Código.
  • Asimismo, la gestión del cambio climático, a partir de su abordaje a nivel internacional, se materializó en nuestro país a través de políticas y normativa secundaria, sin contar con una Ley de Cambio Climático. Este hecho cambió en 2017 con la expedición del Código Orgánico del Ambiente.
  • A nivel institucional, la creación del Ministerio del Ambiente en 1996 constituyó un hito de suma importancia, pues por primera vez existía una autoridad con competencias a nivel nacional en temas ambientales, y si bien la institucionalidad ambiental ha contado con varias reformas orgánicas a lo largo de estos años, ha ido fortaleciéndose para asumir nuevas competencias, como el tema de cambio climático y producción y consumos sostenible.
  • La institucionalidad ambiental debía reforzarse con la creación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, mediante la Ley de Gestión Ambiental de 1999 y ratificado en la Constitución de 2008, y permitir una mayor articulación entre las autoridades con competencias ambientales a nivel nacional y local, no obstante, aún hay retos en lograr esta articulación tanto a nivel nacional, local e intersectorial.
  • Otros avances se relacionan con el reconocimiento de los derechos de acceso (acceso a la información pública en materia ambiental, participación pública y acceso a la justicia ambiental) a nivel constitucional y normativo y que se reflejan y refuerza con la adopción del Acuerdo de Escazú.
  • A pesar de todos los avances a nivel normativo, institucional y de gestión de los recursos naturales, aún hay muchos desafíos asociados con el escaso financiamiento para los temas ambientales y de cambio climático; la debilidad institucional a nivel nacional y local, la cual se ve afectada por la crisis económica del país; el efectivo cumplimiento de la normativa y derechos ambientales; la generación de información y estadísticas ambientales y el fortalecimiento de mecanismos y capacidades de control para evitar la impunidad ambiental. Otros retos se derivan de nuevos temas ambientales como la economía circular, las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, la transición energética en los cuales se está generando conocimientos y capacidades para su gestión.

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