Una nueva institucionalidad ambiental, conectada con los territorios, los sectores y las necesidades de la gente

Este blog fué escrito por una de nuestras consultoras, Natasha Garzón

En los últimos 50 años, el país se ha esforzado por construir una institucionalidad ambiental, que ha avanzado en términos de regulación, pero con serias dificultades para frenar la pérdida de la biodiversidad y enfrentar la crisis climática. La pregunta entonces es ¿qué hacer para asegurar la implementación de una agenda ambiental robusta, que enfrente la degradación ambiental, haga posible un desarrollo sostenible y contribuya a salir de las múltiples crisis en las que se encuentra el país y el planeta?

Para reflexionar sobre esto, el pasado 15 de marzo se llevó acabo el primer diálogo sectorial de la Consulta Nacional para la construcción del informe de país hacia Estocolmo+50. Nueve reconocidos expertos y académicos de distintas disciplinas que integran el Foro Nacional Ambiental, fueron invitados a participar de un espacio de pensamiento crítico para brindar aportes sobre el papel de la academia y la sociedad civil en la transformación de la gestión ambiental colombiana. 

A través de este diálogo, se hizo evidente la necesidad de construir una nueva arquitectura institucional para el país, que transforme la visión de lo ambiental como un sector más y que promueva la articulación y conexión de los problemas ambientales con los contextos y realidades sociales y sectoriales. Para ello, es vital un enfoque territorial fundamentado en la comunicación, participación e incidencia efectiva de las regiones, que conecte las necesidades de los territorios y la pluralidad de la gente.

Para los expertos el ser y hacer ambiental como una red intersectorial, permitirá ampliar la comprensión de la degradación como un problema de salud pública, de economía y de bienestar. Hablar de salud humana, es hablar de la salud de los ecosistemas. Esto significa también, la incorporación clara de un enfoque de derechos en la gestión, capaz de pensar que las situaciones ambientales afectan de manera diferencial a las personas vulnerables, a las mujeres, a los niños, a los grupos étnicos, etc. El reconocimiento de la crisis ambiental como una crisis de derechos humanos, permitirá posibles aproximaciones políticas que respondan a las necesidades particulares de los territorios –recogiendo las voces y el sentir de la gente–, con mecanismos reales de valoración y protección para las personas que defienden la naturaleza, los ecosistemas y los territorios.

Las experiencias y reflexiones abordadas desde los ámbitos de trabajo de cada uno de los expertos, permitieron concluir que esta metamorfosis institucional requiere de cambios estructurales en los sistemas de educación y generación de conocimiento. Las universidades y los centros de investigación deben jugar un papel central en las discusiones sobre los modelos de desarrollo y progreso que impulsan la degradación ambiental y las crisis que enfrenta el país y el planeta.

Colombia debe potenciar investigaciones interdisciplinares y situadas que le permitan a la sociedad entender los ecosistemas, la biodiversidad, las relaciones entre cultura y naturaleza y la diversidad de orígenes e implicaciones de los conflictos ambientales que se viven en las regiones. De esta manera, se podrán integrar el saber local y ancestral en el desarrollo de conocimientos científicos, que deben estar disponible no solo para los ámbitos académicos, sino para la toda la sociedad, lo cual amerita un esfuerzo por transmitir los conocimientos de forma clara, comprensible y asequible para la toma de decisiones basadas en ciencia.

Hoy más que nunca, la academia debe jugar un rol importante para cuestionar, proponer y comunicar las soluciones a los conflictos ambientales, capaz de conectar a los estudiantes, a los investigadores, a las comunidades, a los sectores y al gobierno con la realidad socio-institucional de los territorios y aportar de manera contundente a la construcción de país. Esto requiere de un esfuerzo mancomunado entre la academia y la sociedad civil, que permita la construcción de un nuevo sentido de lo ambiental, en donde la protección de la biodiversidad deje de ser vista como un tema de pocos y una barrera para el desarrollo y pase a ser un aspecto esencial en la configuración de redes de coordinación y acción. Diálogos participativos e incluyentes, cátedras y espacios de formación interdisciplinar, narrativas distintas y veedurías informadas, son esenciales para comunicarnos y como sociedad entender que es fundamental que todos trabajemos colectivamente.